Una nueva reforma de las pensiones: un factor de sostenibilidad económico-social

Esta semana del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2011 se cierra con un nuevo dato demoledor para la economía española y sus trabajadores: el paro de noviembre se ha incrementado un 1,37% respecto a octubre, -llegándose a los 4,4 millones de desempleados-, y la Seguridad Social ha disminuido en 111.782 afiliados. Y lo peor es que estamos entrando en otra nueva fase de recesión económica tras un largo periodo de estancamiento económico.


El futuro Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha urgido a los sindicatos y empresarios que propongan una reforma laboral de calado para Reyes, dejando entrever con toda lógica que si ellos nos son capaces de llegar a acuerdos de calado, el nuevo ejecutivo,-amparado en su necesaria mayoría absoluta-, emprenderá las acciones contundentes necesarias al respecto.


Y es que una reforma laboral que afecte institucionalmente y legalmente a los contratos y a la negociación colectiva, además de disminuir los costes sociales y promover la contratación laboral, es totalmente urgente y necesaria.

Esta medida es, por tanto, urgente y necesaria para reducir la elevadísima tasa de paro y volver a generar empleo. Pero me temo que no surtirá efectos revitalizantes a corto plazo ya que la esperada recuperación económica se retrasará dada la coyuntura económica nacional e internacional.

De ahí que las medidas económicas que se tomen, -amparadas en la profesionalidad que sin duda tendrá el nuevo equipo económico y la confianza que el gobierno aportará-, han de ser también urgentes y de calado, promoviendo la responsabilidad social, el consumo y la inversión.

Pero en esta ecuación y desde el punto de vista socio laboral, urge concretar otro factor de sostenibilidad económica y social: una nueva reforma de las pensiones. Las medidas que al respecto tomo el periclitado gobierno socialista, apostando por el retraso paulatino de la jubilación hasta los 67 años, son insuficientes para asegurar la viabilidad del sistema más allá de 2027, dada la elevadísima tasa de desempleo y el envejecimiento de la población.

Las reformas a emprender en este sentido han de tomar en consideración los costes derivados del envejecimiento de la población y del elevado número de desempleados, así como la debilidad de aportación de una población económicamente activa menguante. De ahí que la reforma del sistema de pensiones debe contemplar la vida laboral de los empleados en activo y su capacidad para cotizar durante más tiempo.
En este sentido, es igualmente necesario reconocer que hay muchas personas que se han refugiado en las ayudas por incapacidades laborales reconocidas condescendientemente y otras que se benefician de varios complementos de pensiones al mismo tiempo, llegándose a situaciones de dudosa moralidad. Aquí, la clave está en recordar que la dignidad de viene de trabajar y que es una obligación de todos ser proactivos en el reciclaje y la búsqueda del empleo.
Sin duda, estas consideraciones pueden resultar duras pero, bajo mi punto de vista, son necesarias; máxime, si queremos apostar por un estado del bienestar sostenible. ¿No les parece?.


Antonio Peñalver